LAS COSAS CAEN POR SU PROPIO PESO:
Los abusos de la Metropolitana
Desde su creación, la Policía de la Ciudad parece no poder correrse del eje de la polémica. Presentada por el oficialismo como una fuerza de proximidad, enfocada en el vecino porteño, acumula denuncias por abusos de autoridad. Esta vez, el caso de las detenciones en Villa Urquiza reaviva el debate. Las fotos de la evidencia
Por Clarisa Ercolano
El
lugar equivocado y el momento equivocado. Al menos para los efectivos
de la Policía Metropolitana que, el domingo a la tarde en Villa Urquiza,
decidieron reprimir y detener con una violencia inusitada a un grupo de
personas en situación de calle, justo frente a la terraza de Horacio
Paone, fotógrafo de profesión, quien registró todo el proceso.
Él mismo cuenta a Noticias Urbanas que “un grupo de cuatro o cinco personas que caminaban al lado de las vías del ferrocarril TBA trataron de hacer un fuego y alguien advirtió a la PM”. Cuando llegaron, pudieron comprobar –dicho por ellos mismos– que no había ningún fuego. No obstante, se llevaron detenida a la mujer bajo el cargo de agresión.
En las imágenes captadas por Paone, puede verse cuando uno de los efectivos está a punto de sacar su arma y cómo estas personas son arrastradas y golpeadas hasta ser introducidas en un móvil policial que los derivó a la Comisaría Comunal Nº 12.
Resulta evidente el encarnizamiento con la mujer del grupo, a la que reducen entre tres efectivos pese a que ésta, de acuerdo a las imágenes, no ofrecía resistencia. Según el subjefe de la fuerza, Ricardo Pedace, todo fue “acorde a derecho”.
Pedace señaló que la denuncia era por consumo de estupefacientes, aunque la PM no pudo dar con las mencionadas sustancias. Los cargos fueron entonces resistencia a la autoridad y atentado. Es que, según los efectivos, uno de los detenidos rompió vidrios del patrullero. Algo que tampoco se traduce en las fotografías.
Carlos Grisafi, comunero del FpV por la Comuna 15, dio cuenta de la violencia de este accionar y recordó: “El año pasado sufrimos la muerte de Bruno Pappa, un pibe de 26 años, quien fue baleado en la cabeza a pesar de que ya estaba reducido, en manos de un oficial de la Metropolitana llamado Enzo Álvarez”.
Efectivamente, el 9 de septiembre pasado Enzo Fabián Álvarez, de 25 años, le disparó a corta distancia a Pappa, pese a que este no había opuesto resistencia alguna y estaba “armado” con una pistola de juguete. Pappa vivía en el asentamiento del barrio de Chacarita conocido como El Playón.
Grisafi recordó además que la PM irrumpió en las instalaciones de la Cooperativa Casco, en Villa Ortúzar, a principios de este año: “Sustrajeron sin autorización alguna materiales de trabajo que se encontraba circunstancialmente en la vereda del lugar y procedieron a arrojarlo a un camión triturador de basura, tal como solía hacer la UCEP. Este es solo uno de los casos que me viene inmediatamente a la memoria”, refirió al ser consultado por Noticias Urbanas.
Este medio ya había dado cuenta de la intención del oficialismo nacional de crear una fuerza antiacampe, en septiembre del año pasado, cuando se daba cuenta de la intención del Pro de prohibir por ley los campamentos de protesta en el espacio público y las personas durmiendo o alojándose en las veredas o espacios públicos. Para Grisafi, con o sin ley “la intención del Pro es ocultar la pobreza, taparla como sea”.
La lista de intervenciones desmedidas de la fuerza porteña incluye también el asesinato de Rodrigo Romero y Jesuán Marchioni a manos de David Alejandro Barrios, agente de la Metropolitana. Barrios estaba armado, sin uniforme, y se dirigía a su puesto, en la Comuna 12 de Saavedra, cuando según sus declaraciones advirtió que los jóvenes iban a asaltar a los pasajeros y, de acuerdo a los testigos, “disparó antes de que los supuestos ladrones reaccionaran. A uno lo mató de dos disparos y al otro lo remató”.
Otra zona “caliente” donde las demandas son una constante se registra en la Villa 31 de Retiro, donde la PM se enfrentó con gases y balas de goma con los vecinos que cortaban el tránsito en la bajada de la autopista Illia y la avenida Castillo, reclamando al Gobierno porteño el pago de un subsidio y la posibilidad de construir sus viviendas en terrenos linderos a la autopista.
La violencia policial incluso cruzó los límites de la Ciudad cuando una oficial de la Policía Metropolitana mató de un balazo en el pecho en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrère a un joven que presuntamente pretendió asaltarla junto a otros dos muchachos de 16 y 18 años. El joven murió en el lugar antes de que pudiera ser atendido por los médicos y fue identificado como Gastón Osvaldo Bustamante, de 25 años.
Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires ya tomaron cuenta de estos sucesos, que parecen repetirse con mayor frecuencia. Por caso, la diputada María Elena Naddeo mostró su preocupación por el femicidio de una mujer policía cometido por su pareja, ambos efectivos de la Metropolitana.
Además de pedir el cumplimiento de la Ley 1.688 de Prevención y Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar y Doméstica de la Ciudad, declaró: “Nos preocupa qué formación están recibiendo los agentes de la Policía Metropolitana, porque en los últimos meses se conocieron casos de agentes relacionados con diversos hechos de violencia y narcotráfico, así como vinculados a actos discriminatorios”.
Naddeo agregó que “la capacitación de las fuerzas de seguridad es de fundamental importancia. Que una fuerza policial nueva como la Metropolitana, con personal que está en actividad desde hace pocos años, incurra en estos delitos expresa claramente que la formación y seguimiento de estos agentes es deficitaria y lamentable”.
Por su parte, Grisafi aclaró que si bien coincide en que la Ciudad tiene que contar con policía propia, la creación de la Metropolitana “tuvo como objetivo generar una fuerza de seguridad capacitada para intervenir en la prevención y represión de contravenciones y delitos menores”.
“El proceso institucional impulsado por el Gobierno de la Ciudad para contar con una policía diferenciada de las existentes –continuó– tiene serias deficiencias y cada semana se reiteran casos en los que se reproducen las peores prácticas de uso abusivo de la fuerza.”
A LA CAZA DE LOS MANTEROS
La denuncia la hace ante este medio Omar Guaraz, referente de Vendedores Libres del Movimiento Social Francisco Jofré: “Un operativo montado por miembros de la Policía Metropolitana, todos pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, apareció de manera sorpresiva e intempestiva y decomisó mercadería sin ningún tipo de diálogo preexistente a siete manteros que trabajaban en avenida Corrientes al 1400. El oficial de la brigada se negó a identificarse. Luego de labrar el acta advirtió a los manteros: ‘Yo veo a uno y lo levanto y le hago un acta. Si ponen de nuevo, me lo llevo en cana, ¿clarito?’. De esta manera, luego de la expulsión de los manteros de la peatonal Florida y de todo el microcentro de la Ciudad, hoy siguen avanzando contra nosotros”.
Desde que los manteros salieron de Florida, la organización contabilizó oficialmente más de 250 decomisos formales, pero más de 1.000 denuncias “por el robo literal de la mercadería por parte de inspectores y Policía Metropolitana, con total violencia e impunidad”.
Otro grupo de unos 90 vendedores, todos jefes de hogar, agrupados en la cooperativa Roberto Arlt aceptaron ser relocalizados en la plaza que también lleva el nombre del recordado autor de las Aguafuertes porteñas.
Sin embargo, pese a haber aceptado las condiciones del GCBA, nada mejoró. Juan Grabois, abogado que los representa, le contó a Noticias Urbanas que “Patricio Di Stefano les retiró todo el apoyo, los abandonó totalmente y rechazó brindarles cualquier tipo de ayuda. La semana pasada les pidieron que pongan 10 pesos cada uno para pagar la luz y, hoy por hoy, hay menos de 20 puestos que no venden nada”.
“Es tristísimo. Los 150 compañeros restantes que estaban empadronados fueron arrojados nuevamente a parchar en las calles de la Ciudad. Muchos no pudieron pagar los hoteles y hoy se sumaron a las filas de los sin techo”, resume Grabois.
Signada por las denuncias de una red de espionaje, la Metropolitana no arrancó precisamente con el pie derecho. La detención del Fino Palacios fue apenas la primera mancha. Luego, llegaron las denuncias de que parte de las cúpulas y el personal estaban vinculados a violaciones de los derechos humanos o actos de corrupción y el dato negro del currículum de Eugenio Burzaco, que era asesor del ex gobernador neuquino Jorge Sobisch cuando mataron al maestro Carlos Fuentealba.
Hasta llegar ahora, cuando las denuncias de abuso de poder y gatillo fácil se siguen acumulando.
Desde su creación, la Policía de la Ciudad parece no poder correrse del eje de la polémica. Presentada por el oficialismo como una fuerza de proximidad, enfocada en el vecino porteño, acumula denuncias por abusos de autoridad. Esta vez, el caso de las detenciones en Villa Urquiza reaviva el debate. Las fotos de la evidencia
Por Clarisa Ercolano
Él mismo cuenta a Noticias Urbanas que “un grupo de cuatro o cinco personas que caminaban al lado de las vías del ferrocarril TBA trataron de hacer un fuego y alguien advirtió a la PM”. Cuando llegaron, pudieron comprobar –dicho por ellos mismos– que no había ningún fuego. No obstante, se llevaron detenida a la mujer bajo el cargo de agresión.
En las imágenes captadas por Paone, puede verse cuando uno de los efectivos está a punto de sacar su arma y cómo estas personas son arrastradas y golpeadas hasta ser introducidas en un móvil policial que los derivó a la Comisaría Comunal Nº 12.
Resulta evidente el encarnizamiento con la mujer del grupo, a la que reducen entre tres efectivos pese a que ésta, de acuerdo a las imágenes, no ofrecía resistencia. Según el subjefe de la fuerza, Ricardo Pedace, todo fue “acorde a derecho”.
Pedace señaló que la denuncia era por consumo de estupefacientes, aunque la PM no pudo dar con las mencionadas sustancias. Los cargos fueron entonces resistencia a la autoridad y atentado. Es que, según los efectivos, uno de los detenidos rompió vidrios del patrullero. Algo que tampoco se traduce en las fotografías.
Carlos Grisafi, comunero del FpV por la Comuna 15, dio cuenta de la violencia de este accionar y recordó: “El año pasado sufrimos la muerte de Bruno Pappa, un pibe de 26 años, quien fue baleado en la cabeza a pesar de que ya estaba reducido, en manos de un oficial de la Metropolitana llamado Enzo Álvarez”.
Efectivamente, el 9 de septiembre pasado Enzo Fabián Álvarez, de 25 años, le disparó a corta distancia a Pappa, pese a que este no había opuesto resistencia alguna y estaba “armado” con una pistola de juguete. Pappa vivía en el asentamiento del barrio de Chacarita conocido como El Playón.
Grisafi recordó además que la PM irrumpió en las instalaciones de la Cooperativa Casco, en Villa Ortúzar, a principios de este año: “Sustrajeron sin autorización alguna materiales de trabajo que se encontraba circunstancialmente en la vereda del lugar y procedieron a arrojarlo a un camión triturador de basura, tal como solía hacer la UCEP. Este es solo uno de los casos que me viene inmediatamente a la memoria”, refirió al ser consultado por Noticias Urbanas.
Este medio ya había dado cuenta de la intención del oficialismo nacional de crear una fuerza antiacampe, en septiembre del año pasado, cuando se daba cuenta de la intención del Pro de prohibir por ley los campamentos de protesta en el espacio público y las personas durmiendo o alojándose en las veredas o espacios públicos. Para Grisafi, con o sin ley “la intención del Pro es ocultar la pobreza, taparla como sea”.
La lista de intervenciones desmedidas de la fuerza porteña incluye también el asesinato de Rodrigo Romero y Jesuán Marchioni a manos de David Alejandro Barrios, agente de la Metropolitana. Barrios estaba armado, sin uniforme, y se dirigía a su puesto, en la Comuna 12 de Saavedra, cuando según sus declaraciones advirtió que los jóvenes iban a asaltar a los pasajeros y, de acuerdo a los testigos, “disparó antes de que los supuestos ladrones reaccionaran. A uno lo mató de dos disparos y al otro lo remató”.
Otra zona “caliente” donde las demandas son una constante se registra en la Villa 31 de Retiro, donde la PM se enfrentó con gases y balas de goma con los vecinos que cortaban el tránsito en la bajada de la autopista Illia y la avenida Castillo, reclamando al Gobierno porteño el pago de un subsidio y la posibilidad de construir sus viviendas en terrenos linderos a la autopista.
La violencia policial incluso cruzó los límites de la Ciudad cuando una oficial de la Policía Metropolitana mató de un balazo en el pecho en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrère a un joven que presuntamente pretendió asaltarla junto a otros dos muchachos de 16 y 18 años. El joven murió en el lugar antes de que pudiera ser atendido por los médicos y fue identificado como Gastón Osvaldo Bustamante, de 25 años.
Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires ya tomaron cuenta de estos sucesos, que parecen repetirse con mayor frecuencia. Por caso, la diputada María Elena Naddeo mostró su preocupación por el femicidio de una mujer policía cometido por su pareja, ambos efectivos de la Metropolitana.
Además de pedir el cumplimiento de la Ley 1.688 de Prevención y Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar y Doméstica de la Ciudad, declaró: “Nos preocupa qué formación están recibiendo los agentes de la Policía Metropolitana, porque en los últimos meses se conocieron casos de agentes relacionados con diversos hechos de violencia y narcotráfico, así como vinculados a actos discriminatorios”.
Naddeo agregó que “la capacitación de las fuerzas de seguridad es de fundamental importancia. Que una fuerza policial nueva como la Metropolitana, con personal que está en actividad desde hace pocos años, incurra en estos delitos expresa claramente que la formación y seguimiento de estos agentes es deficitaria y lamentable”.
Por su parte, Grisafi aclaró que si bien coincide en que la Ciudad tiene que contar con policía propia, la creación de la Metropolitana “tuvo como objetivo generar una fuerza de seguridad capacitada para intervenir en la prevención y represión de contravenciones y delitos menores”.
“El proceso institucional impulsado por el Gobierno de la Ciudad para contar con una policía diferenciada de las existentes –continuó– tiene serias deficiencias y cada semana se reiteran casos en los que se reproducen las peores prácticas de uso abusivo de la fuerza.”
A LA CAZA DE LOS MANTEROS
La denuncia la hace ante este medio Omar Guaraz, referente de Vendedores Libres del Movimiento Social Francisco Jofré: “Un operativo montado por miembros de la Policía Metropolitana, todos pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, apareció de manera sorpresiva e intempestiva y decomisó mercadería sin ningún tipo de diálogo preexistente a siete manteros que trabajaban en avenida Corrientes al 1400. El oficial de la brigada se negó a identificarse. Luego de labrar el acta advirtió a los manteros: ‘Yo veo a uno y lo levanto y le hago un acta. Si ponen de nuevo, me lo llevo en cana, ¿clarito?’. De esta manera, luego de la expulsión de los manteros de la peatonal Florida y de todo el microcentro de la Ciudad, hoy siguen avanzando contra nosotros”.
Desde que los manteros salieron de Florida, la organización contabilizó oficialmente más de 250 decomisos formales, pero más de 1.000 denuncias “por el robo literal de la mercadería por parte de inspectores y Policía Metropolitana, con total violencia e impunidad”.
Otro grupo de unos 90 vendedores, todos jefes de hogar, agrupados en la cooperativa Roberto Arlt aceptaron ser relocalizados en la plaza que también lleva el nombre del recordado autor de las Aguafuertes porteñas.
Sin embargo, pese a haber aceptado las condiciones del GCBA, nada mejoró. Juan Grabois, abogado que los representa, le contó a Noticias Urbanas que “Patricio Di Stefano les retiró todo el apoyo, los abandonó totalmente y rechazó brindarles cualquier tipo de ayuda. La semana pasada les pidieron que pongan 10 pesos cada uno para pagar la luz y, hoy por hoy, hay menos de 20 puestos que no venden nada”.
“Es tristísimo. Los 150 compañeros restantes que estaban empadronados fueron arrojados nuevamente a parchar en las calles de la Ciudad. Muchos no pudieron pagar los hoteles y hoy se sumaron a las filas de los sin techo”, resume Grabois.
Signada por las denuncias de una red de espionaje, la Metropolitana no arrancó precisamente con el pie derecho. La detención del Fino Palacios fue apenas la primera mancha. Luego, llegaron las denuncias de que parte de las cúpulas y el personal estaban vinculados a violaciones de los derechos humanos o actos de corrupción y el dato negro del currículum de Eugenio Burzaco, que era asesor del ex gobernador neuquino Jorge Sobisch cuando mataron al maestro Carlos Fuentealba.
Hasta llegar ahora, cuando las denuncias de abuso de poder y gatillo fácil se siguen acumulando.
Fuente: http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=2471a663b9760fad5bb6804bf13e45b0
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